Durante más de cuatro años, Bolivia ha transitado un complejo proceso para consolidar una normativa robusta contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas no convencionales.
Cuatro iniciativas legislativas —la Ley 1386 (2021), el proyecto de Ley 218–20 (2021), el proyecto de Ley 280 (2023) y disposiciones específicas en el Presupuesto General del Estado 2024— reflejan cómo los boicots internos y las campañas de desinformación han obstaculizado la aprobación de una ley que hoy es exigida por la comunidad internacional.
Como país signatario del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Bolivia está obligada a adecuar su normativa a los estándares internacionales para combatir delitos financieros como el enriquecimiento ilícito. El GAFI, organismo intergubernamental al que están adheridos 187 países, lidera la lucha global contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Sus estándares establecen que las técnicas especiales de investigación son herramientas esenciales para prevenir estas actividades y deben estar contempladas en una norma con rango de ley.
Uno de los mecanismos de presión que aplica el GAFI es la llamada “lista gris”, un registro público de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de control, considerados como jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Bolivia ya fue incluida en esta lista en 2011 y logró salir en 2013 gracias a un plan de acción integral diseñado entre 2006 y 2010 por el entonces ministro de Economía, Luis Arce. Ese trabajo permitió revertir un escenario adverso y recuperar la confianza internacional.
El actual ministro de Economía, Marcelo Montenegro, recordó que Bolivia se adhirió al GAFI en 2001, durante el gobierno de Jorge Quiroga, pero que ni esa ni las administraciones posteriores hasta 2006 atendieron las recomendaciones del organismo. “El próximo periodo legislativo deberá asumir esta tarea. La ley debe aprobarse, no hay alternativa”, enfatizó Montenegro, luego de destacar que Bolivia, a diferencia de otros países, ha demostrado voluntad política y técnica para cumplir con los estándares internacionales, pese a las limitaciones impuestas por el accionar del Legislativo.
AEP
