La nueva legislatura heredará una agenda paralizada por intereses políticos y personales que frenaron decisiones clave.
Más de 150 proyectos de ley quedarán pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que concluirá su gestión el próximo 9 de noviembre, dejando una pesada carga a los nuevos legisladores. Contratos de crédito internacional, juicios de responsabilidades y leyes estratégicas como las del litio o hidrocarburos están entre las iniciativas que no lograron ser debatidas ni aprobadas, reflejo de una gestión marcada por el estancamiento político.
La falta de acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas —MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos— impidió el tratamiento de una agenda legislativa que, de haber sido consensuada, podría haber generado soluciones concretas para la ciudadanía.
A decir del diputado de Comunidad Ciudadana, se calcula que hay entre 100 a 150 proyectos de ley pendientes de aprobación, dispersos en distintas comisiones y etapas de tratamiento.
La senadora Silvia Salame advirtió que sería un error para la nueva legislatura comenzar desde cero, pues muchos de estos proyectos tienen relevancia nacional y merecen continuidad, sin importar quién los impulsó originalmente.
El reglamento legislativo permite que los proyectos sean repuestos por nuevos legisladores, pero no de manera automática: deben ser presentados nuevamente, ahora bajo la firma de un parlamentario electo. Alejandro Reyes, diputado reelecto por Comunidad Ciudadana, explicó que esta reposición es clave para evitar que iniciativas valiosas terminen en el archivo. “El desafío será romper el bloqueo político y llegar a consensos mínimos para evitar otro quinquenio perdido”, afirmó.
Entre los proyectos paralizados hay iniciativas ciudadanas, reformas legales, leyes sectoriales, y al menos dos juicios de responsabilidades contra Jeanine Añez, por los hechos de Sacaba y Senkata. Aunque estos procesos fueron anulados en la vía ordinaria, podrían reactivarse mediante una eventual autorización legislativa, proceso que también requiere dos tercios de votos, algo difícil en el actual panorama político.
La nueva Asamblea, que se instalará el 9 de noviembre, no solo enfrentará el reto de reconfigurar el mapa político nacional, sino también deberá demostrar que es capaz de destrabar una agenda legislativa estancada y atender con urgencia los temas de fondo que afectan al país. De lo contrario, Bolivia corre el riesgo de vivir otro ciclo parlamentario marcado por la inacción, el bloqueo y el desgaste institucional.
AEP
