El activista y abogado estadounidense Thomas Becker alertó de que las relaciones con organismos externos se verían dificultadas, incluso para acceder a créditos.
Bolivia corre el riesgo de ser aislada de la comunidad internacional, lo que perjudicaría al acceso de financiamiento externo en el futuro, debido al incumplimiento del informe del GIEI que recomienda a las instituciones del Estado reparar el daño por las masacres de 2019, advirtió el abogado estadounidense Thomas Becker.
Según Becker, la comunidad internacional está preocupada por lo que pasa en Bolivia, luego de que la justicia benefició al excívico potosino Marco Antonio Pumari, con libertad; al gobernador Luis Fernando Camacho, con detención domiciliaria dentro del caso Golpe de Estado I; y la anulación de los casos relacionados a las masacres de Sacaba y Senkata, con lo que Jeanine Añez busca salir de la cárcel.
La preocupación surge porque el Estado no está respetando el informe con 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se pide al Estado investigar, reparar el daño y dar justicia a las víctimas de las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, ocurridas en noviembre de 2019.
Este incumplimiento derivaría en el aislamiento de Bolivia de la comunidad internacional, advirtió.
“Nos preocupa, estamos de acuerdo que hay problemas en el sistema judicial, pero se han tomado decisiones selectivas y personalizadas que pueden afectar al país. Bolivia puede ser considerada paria y ser aislada de la comunidad internacional”, alertó el abogado y activista en contacto con Ahora El Pueblo.
Un Estado paria es una nación cuya conducta es considerada inaceptable por la comunidad internacional, lo que lleva a su aislamiento diplomático, la imposición de sanciones y la exclusión de las relaciones políticas globales.
El pretender dejar en la impunidad a los involucrados de las masacres de 2019, cuyo saldo es 37 fallecidos y más de un centenar de heridos y torturados, también puede dificultar las relaciones con organismos externos para el acceso de créditos, sostuvo Becker.
El abogado estadounidense Thomas Becker.
“Bolivia está pasando por problemas en su economía y necesita de financiamiento. Si el Gobierno quiere pedir dinero, los organismos van a observar si Bolivia cumple, si es un país democrático y si respeta los derechos humanos; si ven que no, pueden considerar negar el financiamiento”, indicó.
Además, recordó que la comunidad internacional conoce el informe del GIEI y a los responsables de las masacres, como es el caso de Añez, quien firmó el decreto 4078, para blindar la represión y tortura contra los manifestantes, por lo que esperan que se sancione a los responsables de cometer graves vulneraciones a los derechos humanos.
Obligación de cumplir
Becker explicó que el informe del GIEI es de cumplimiento obligatorio para el país, porque la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce las leyes o acuerdos internacionales como prioridad.
Sin embargo, no existe un mecanismo para forzar el cumplimiento de este informe, salvo que las víctimas acudan a la Corte-IDH y este organismo de derechos humanos ordene al país la reparación judicial a las personas afectadas por las masacres.
“Pero esta sanción no recae en una persona, sino la sanción será para el Estado boliviano”, mencionó.
El Gobierno pedirá a Murillo la reparación por un daño de $us 2 MM
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó que el Gobierno nacional pedirá la reparación civil al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el daño económico causado al Estado que es superior a los $us 2 millones. La petición se realizará una vez que sea ejecutoriada la sentencia por el caso Gases Brasil.
“El Estado boliviano, una vez que se ejecute dicha sentencia, va a presentar la demanda de reparación civil. Una vez que se realice esta determinación, se van a ejecutar todos los bienes que tenga (Murillo) y que estén al momento, de alguna manera, sometidos a una medida cautelar de carácter real”, señaló Condori en Bolivia TV.
Condori explicó que el caso Gases Brasil se refiere a una contratación irregular para la adquisición de agentes químicos, en la cual ya existen observaciones previas por parte de la Contraloría General del Estado, particularmente sobre un presunto sobreprecio que ocasionó el millonario daño económico.
El pasado sábado, el exministro fue cautelado por ese caso y la justicia determinó su detención preventiva por un periodo de seis meses en el penal de San Pedro, La Paz.
El exministro Murillo, quien era considerado mano derecha de Jeanine Añez, fue deportado de Estados Unidos y tiene 15 procesos penales activos en Bolivia, según la Fiscalía General del Estado.
También está involucrado en las masacres de Sacaba y Senkata. El procurador lamentó que se desconozca el informe del GIEI, lo que traería graves consecuencias para el país.
AEP
