El ministro Víctor Quispe indicó que se está dejando sin justicia a los familiares de los más de 30 muertos durante la violencia ejercida en Senkata y Sacaba.
El Gobierno cuestionó las recientes decisiones judiciales que, en su opinión, “dan la espalda a las víctimas de las masacres de 2019” y favorecen con “una celeridad preocupante y sin precedentes” a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, procesados por delitos en el país.
“Resulta preocupante e indignante que los administradores de justicia, de manera inexplicable y con una celeridad sin precedentes, ordenen la liberación momentánea de personas como Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entre otros responsables de los hechos que condujeron a graves violaciones de derechos humanos en 2019”, afirmó la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, a través de sus redes sociales.
Estas declaraciones surgieron luego de que se liberaran, en menos de tres días, a Añez, Camacho y Pumari en al menos cuatro procesos judiciales, sin tomar en cuenta los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni de otros organismos internacionales que documentaron graves violaciones a los derechos humanos en 2019.
La ministra indicó que estas decisiones generan alarma sobre el futuro de los procesos que buscan esclarecer las masacres de Sacaba y Senkata, donde fallecieron 37 personas, según el GIEI-Bolivia. Saravia agregó que estas acciones obligan al Gobierno a “realizar todo lo necesario para impedir que se deniegue justicia a las víctimas y que los responsables no queden en la impunidad”.
Saravia destacó que este tema trasciende diferencias políticas o ideológicas, ya que “se trata de no permitir ni tolerar la impunidad, por la dignidad de las víctimas y por memoria, verdad y justicia”.
¿Intereses políticos?
El ministro de Trabajo, Víctor Pedro Quispe, también cuestionó las decisiones judiciales que beneficiaron a los acusados. La autoridad responsabilizó a Evo Morales y sus aliados por la situación y recordó los acuerdos firmados en 2023. Se refirió al pacto de nueve puntos firmado entre el MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) para garantizar la reelección de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. Quispe recordó que en 2019 esos mismos actores orquestaron la crisis política, persiguieron a militantes del MAS y provocaron las masacres de Sacaba y Senkata.
El ministro de Trabajo, Víctor Pedro Quispe.
“Estos acuerdos, como dijimos en su momento, están cruzados de ríos de sangre. Al firmarlos se olvidó lo sucedido en 2019 y se dejó en la impunidad a muchas familias que aún no tienen justicia; es lamentable”, señaló en entrevista con Bolivia TV.
Quispe afirmó que la actuación del Gobierno se basó en las recomendaciones del GIEI, que analizó los hechos y solicitó justicia y reparación para las víctimas. Agregó que la semana pasada otorgaron prerrogativas a personas que fueron actores directos de los hechos, lo que representa un “golpe al proceso judicial”. Recordó que las masacres están debidamente documentadas.
Entre el 26 y 29 de agosto, distintos tribunales revirtieron las detenciones preventivas de Camacho, Pumari y Añez. Los excívicos Camacho y Pumari lograron su libertad con algunas restricciones, al igual que Añez en algunos de los procesos que enfrenta, pero aún no puede dejar la cárcel de Miraflores por la sentencia de 10 años que pesa en su contra por su irregular asunción a la presidencia en 2019.
AEP
