La Procuraduría destacó que este resultado representa un “precedente inédito y favorable” en la defensa de los intereses del país.
El exministro de Economía y Finanzas Públicas José Luis Parada Rivero, en la gestión de Jeanine Áñez, fue condenado a 8 años de cárcel por acceder a crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El procurador General del Estado, Ricardo Condori, informó que, en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz se dictó sentencia condenatoria.
"El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado, logrando que el juez dicte sentencia por la aprobación irregular de créditos durante la gestión de Jeanine Añez", explicó.
De acuerdo con la sentencia, los acusados fueron procesados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, establecido en el Artículo 153 del Código Penal; incumplimiento de deberes, en el artículo 154; contratos lesivos al Estado, señalado en el artículo 221 y conducta antieconómica, en el artículo 224.
En el fallo también se declaró rebeldes a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente del BCB, quien recibió una condena de 5 años de cárcel, y a Walter Erik Guzmán Tordoya, sentenciado a 1 año de reclusión. En tanto, Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco fueron absueltos de responsabilidad penal.
Según la acusación, el 10 de abril de 2020, Parada y Aponte firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG, bajo el argumento de atender la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Posteriormente, el 20 de abril de ese mismo año, se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el MEFP y el BCB para viabilizar el crédito, sin el aval de la Asamblea Legislativa, contraviniendo el marco legal vigente.
La Procuraduría destacó que este resultado representa un “precedente inédito y favorable” en la defensa de los intereses del país. “Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, señaló Condori.
ABI
