Ante esta situación, Limpias recordó que la Ley 2298, de Ejecución Penal y Supervisión establece sanciones por la tenencia de objetos prohibidos dentro de los recintos penitenciarios, entre ellos los celulares.
Se instruyó que los antecedentes del proceso sean remitidos al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, para que se inicie un juicio de responsabilidades.