La acusación se centra en la firma de más de 100 contratos petroleros sin la autorización del Órgano Legislativo entre 1993 y 2005.
La balacera pudo originarse por una “disputa y toma de posesión de la organización criminal que en un momento estaba liderada por Marset”.
El Ministerio de Gobierno responsabiliza al juez Primo Flores y a vocales de la sala penal de Santa Cruz, quienes favorecieron al imputado Erland García.
En este caso se pide que la exsenadora sea sentenciada con la pena máxima de 30 años de prisión. Las víctimas anuncian una vigilia pacífica.
Los detenidos tenían órdenes de captura en Brasil por delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas.
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