Según las investigaciones, ninguno de los contratos se realizó con la supervisión de la ALP, Congreso Nacional, en su momento.

La reunión tripartita se realizó el pasado viernes 09 de agosto, con la participación de fiscales especializados en cooperación jurídica internacional y crimen organizado en narcotráfico.

El ataque ocurrió cuando inmigrantes, supuestamente de nacionalidad boliviana, agredieron al militar que custodiaba la frontera, le robaron su arma de servicio y atacaron a otro militar que acudió a prestar auxilio.

El 10 de agosto se entrevistó a los padres de la adolescente de 17 años debido a que eran vecinos de la pequeña víctima.