Esta decisión fue aplaudida por activistas defensores de los derechos humanos, entre ellos el jurista estadounidense Thomas Becker.
Al menos unos diez militares ya cumplen detención preventiva en las cárceles de Chonchocoro y San Pedro de La Paz, mientras que el principal acusado, Juan José Zúñiga, fue trasladado a la cárcel de El Abra.