Las quemas afectaron a 2.269.459 hectáreas, una reducción considerable con respecto a otros años, dijo el viceministro Juan Carlos Calvimontes.

De acuerdo con los datos oficiales en comparación con la gestión 2022, se tiene una reducción de casos.

Tras cinco años de juicio arbitral y 100 actuaciones procesales, la CPA determinó que Bolivia no debe indemnizar a la compañía minera.

El caso fue notificado al Estado boliviano hace cinco años, desde entonces con el equipo de la Procuraduría y el patrocinio externo de Dechert (París) LLP se llevaron a cabo más de 100 actuaciones procesales y comunicaciones de defensa en representación de Bolivia.