Con anterioridad, Chuquisaca logró dicha declaración y según el Servicio General de Identificación Personal (Segip) se prevé que este año se sumen los departamentos de Oruro y Pando.
El caso fue instaurado por el Estado boliviano para recuperar el dinero del sobreprecio que pagó en la compra de gases lacrimógenos.
El interno tuvo que darse modos para trepar uno de los muros y fugar rápidamente de la cárcel.
El Ministro de Justicia ratificó que la propuesta normativa no afectará a sectores sociales del país. Afirmó que, mientras la población no conozca sus alcances, no será promulgado.
El hecho generó una afectación económica directa al patrimonio del narcotráfico de $us 256.885.
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