Castro reflexionó que la pandemia de la Covid-19 dejó varias lecciones y una de ellas es prepararse para una próxima emergencia sanitaria.
El proyecto de ley plantea la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y mayor drasticidad en la sanción para los responsables y sus cómplices o encubridores.
Con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales de atención a la población.
Hasta el 27 de junio pasado, el Ministerio Público reportó 23.686 casos relacionados a delitos de violencia, de los cuales 836 se refieren a estupro y 1.201 a violación de infante, niña, niño o adolescente.
La historia de la familia Flores Miranda se parece a la de muchos migrantes bolivianos, que buscaron oportunidades en otros países de la región.
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