El gobierno de Luis Arce continúa con su política de brindar ayuda no solo humanitaria, sino también económica a los damnificados por los desastres ocasionados por las lluvias más duras de las últimas cuatro décadas en el país. Así como hizo con quienes resultaron afectados por los conflictos alentados por Evo Morales el año pasado, ahora dispuso la reprogramación y el refinanciamiento de los créditos de las víctimas de las inundaciones, lo que les otorgará un alivio en sus pagos a las entidades financieras.

El Gobierno nacional tiene un fuerte compromiso con la realización de las elecciones generales en agosto de este año, por lo que garantizó el desembolso de Bs 310 millones al Tribunal Supremo Electoral para que lleve adelante los comicios.

El denominado “bloque de unidad”, que en diciembre de 2024 se presentaba campante ante la población como una cohesión de la derecha y ultraderecha radical determinada a hacerle frente al movimiento popular de izquierda, representado ampliamente por el Movimiento Al Socialismo, hoy, pocos meses después, se muestra resquebrajada por los vaivenes propios de la arena política que toman como protagonista al expresidente y pupilo del dictador Hugo Banzer Suárez, Jorge Tuto Quiroga.

El martes 1 de abril, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició el servicio de traslado de 4,5 millones de metros cúbicos de gas natural al día (m3/día) para las empresas TotalEnergies (proveedora) y Grupo Matrix Energia (destinataria), de Argentina y Brasil, respectivamente.

En medio de una de las peores catástrofes naturales que ha enfrentado Bolivia en décadas, el llamado del presidente Luis Arce a la aprobación urgente de créditos internacionales por 350 millones de dólares representa una necesidad administrativa y un imperativo humanitario.

Del dicho al hecho hay mucho trecho. El evismo y varios legisladores aliados a la vieja derecha cumplen a cabalidad este refrán: por un lado, se llenan la boca con un discurso de respaldo a los comicios presidenciales y, por otro, complotan contra el derecho de los bolivianos para asistir a las urnas el domingo 17 de agosto, poniendo por delante sus intereses políticos para generar un ambiente de descontento y de convulsión social contra el Gobierno y la población. Una muestra más de su vocación antidemocrática.