La incorporación del retrato de Juana Azurduy de Padilla a la Galería de las Heroínas y Héroes de las Américas en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) representa mucho más que un acto protocolar: constituye una reivindicación histórica largamente postergada y el reconocimiento continental de una mujer que encarnó como pocas la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad de los pueblos americanos.

Actores políticos de la oposición y el evismo continúan con su campaña de mentiras y poner trabas para deslegitimar o boicotear las elecciones generales del 17 de agosto, con una serie de maniobras como la presentación de acciones judiciales para inhabilitar candidatos presidenciales, denuncias de fraude y amenazas de contar muertos en lugar de votos.

Durante los últimos cuatro años, la administración de Luis Arce enfrentó una crisis climática sin precedentes: inundaciones letales, las sequías más severas de la historia, heladas que arrasaron cultivos y millones de hectáreas consumidas por el fuego.

El reinicio de operaciones comerciales del aeropuerto de El Trompillo, en Santa Cruz, y la apuesta del gobierno de Luis Arce para convertirlo en un hub para vuelos regionales en el país, de la mano de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), es una muestra más de que estos planes solamente son posibles si el Estado invierte con una visión social y de servicio, y no simplemente con la generación de ingresos y ganancias como norte. Es parte del modelo que pretenden destruir las propuestas neoliberales de la derecha.

La solicitud formal del gobierno del presidente Luis Arce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que acompañe y mantenga vigilancia sobre las elecciones del 17 de agosto constituye una demostración inequívoca del compromiso del Estado boliviano con la transparencia democrática y el respeto a los estándares internacionales en materia electoral.

Los candidatos de la derecha como Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina tienen un enemigo declarado: el Estado. Por esta razón proponen transformarlo en una empresa privada que opere bajo principios como eficiencia, reducción de costos, rentabilidad y otros. Ambos proponen subordinar al Estado a los valores del mercado bajo la creencia de que las soluciones empresariales también pueden aplicarse a la estructura estatal.