En noviembre de 2019, el régimen de Jeanine Añez se hacía del poder por la vía inconstitucional y traía consigo —además de una pésima administración de la pandemia, hechos de corrupción, violencia extrema y nula gestión gubernamental— una flagrante vulneración al derecho a la comunicación e información que se materializó en muchas oportunidades, y una de ellas fue el desmantelamiento de los medios estatales con un millonario daño económico.

La masacre de Sacaba no fue un incidente aislado, ya que días después se repetiría la tragedia en Senkata, donde otras 10 vidas fueron perdidas.

Los asambleístas del Estado Plurinacional, llamados por mucho tiempo “padres de la patria”, tienen la responsabilidad de aprobar leyes que vayan en beneficio de la población boliviana; pero, la madrugada del martes pasado, 92 legisladores que responden a Evo Morales, Fernando Camacho y Carlos Mesa protagonizaron un contubernio que dejó en evidencia su afán de satisfacer sus intereses personales a como dé lugar, sin importar en lo más mínimo el bienestar de las diversas regiones del país, muchas de las cuales están atravesando una dura situación debido a la sequía y los incendios que son producto de la crisis climática, y con total descaro pisotearon las demandas de 340 municipios que hoy se ven afectados por el rechazo al proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado Gestión 2023.

En términos de infraestructura, la inversión en la construcción y equipamiento de hospitales de tercer nivel es una señal clara del compromiso del Gobierno con la salud a largo plazo.

El valeroso departamento del Beni, fundado el 18 de noviembre de 1842 por el entonces presidente José Ballivián, hoy celebra sus 181 años de vida, y el Gobierno nacional homenajea a toda su población con millonarias inversiones que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida en la región y potenciar su capacidad productiva a través de la política de industrialización con sustitución de importaciones que se viene encarando desde el nivel central por instrucción del presidente Luis Arce.

El Gobierno nacional ha implementado una serie de acciones para garantizar el derecho a la educación presencial y construir un camino hacia un sistema educativo más sólido y equitativo.