El anteproyecto de Ley 547 suspende embargos de créditos de vivienda social por seis meses, sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.
El Ministerio de Economía aseguró que el anteproyecto de Ley 547, que plantea una suspensión temporal de las ejecuciones de embargos y sentencias judiciales de prestatarios con créditos de vivienda de interés social, no afecta la estabilidad del sistema financiero del país.
La norma, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras.
La cartera de Estado aclaró que, la propuesta tiene carácter temporal, específico y focalizado, con una vigencia de seis meses, orientada a evitar perjuicios sociales y económicos, particularmente para familias con créditos de vivienda social y para micro y pequeños empresarios afectados por factores externos como bloqueos, conflictos sociales o fenómenos climáticos adversos.
El diferimiento en el pago de deudas no superará el 3% de la cartera total, según datos oficiales. En comparación, en la gestión 2020 el diferimiento de créditos llegó al 10,4% del total, lo que muestra que el sistema cuenta con suficiente solidez. “Al 31 de julio de 2025, la mora alcanzó solo el 1,4%, reflejo de una sólida cultura de pago de los prestatarios”.
La propuesta también garantiza que los prestatarios puedan recuperar su actividad económica y restablecer sus flujos de caja, asegurando la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias. “De este modo, se busca proteger el derecho a la vivienda de miles de familias y preservar la estabilidad de las unidades productivas que son motor de la economía nacional”.
AEP
