El motivo, alerta, no fue una falta de voluntad técnica o política del Ejecutivo, sino el sabotaje sistemático a una ley clave.
En agosto de 2021, el Gobierno promulgó la Ley 1386, que marcaba un hito: obligaba a reportar operaciones sospechosas, legalizaba técnicas especiales de investigación y facultaba al Ejecutivo a emitir normas complementarias vía decreto.