En un momento importante para la economía boliviana, el Gobierno tomó una decisión necesaria al suspender las autorizaciones para el traslado de ganado en pie hacia las zonas fronterizas. Esta medida, parte de un conjunto más amplio de iniciativas plasmadas en el Decreto Supremo 5445, representa un paso firme para asegurar el abastecimiento del mercado interno y combatir el contrabando.

En el escenario internacional, Bolivia ha dado un paso importante al solicitar sumarse al caso de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Bolivia se ha visto sacudida por una crisis que pone en tela de juicio no solo la integridad personal de un líder político, sino también los valores fundamentales de nuestra sociedad.

Las denuncias de estupro y trata y tráfico de personas contra Evo Morales han desatado una ola de indignación que crece día a día a nivel nacional como internacional. Y es profundamente preocupante observar cómo, frente a estas graves acusaciones, la respuesta ha sido convocar a un bloqueo de caminos.

El proceso de investigación que enfrenta el expresidente Evo Morales por trata y tráfico de personas, además de estupro agravado, marca un momento importante para la justicia boliviana.

Las graves acusaciones que lo rodean —incluyendo la relación con una menor de edad durante su mandato y las denuncias de abuso sexual y violación— no pueden ni deben ser desestimadas ni minimizadas.

La elección de Bolivia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2025-2027 es un avance importante en la trayectoria del país en el escenario internacional.

Este logro no solo representa un reconocimiento a los esfuerzos de Bolivia en la promoción y protección de los derechos humanos, sino que también conlleva una gran responsabilidad en la defensa de estos principios fundamentales a nivel global.

En una política para salvaguardar la economía nacional y el bienestar de sus ciudadanos, el gobierno del presidente Luis Arce ordenó la militarización de las fronteras del país.

Esta medida, aunque drástica a primera vista, representa una respuesta pragmática a un problema creciente que amenaza la estabilidad de los precios y el abastecimiento interno de productos esenciales.