El 1 de mayo de 1886 se inició una huelga de hambre de trabajadores que reclamaban un horario laboral de ocho horas, esa huelga tuvo un trágico desenlace con una explosión cuatro días más tarde en la denominada Revuelta de Haymarket, hecho que dejó 67 policías heridos, siete de los cuales fallecerían en días posteriores.

En reiteradas oportunidades, el presidente Luis Arce destacó que su gobierno se caracteriza por ser el “gobierno de la industrialización”, y hoy queda claro que ese discurso no son solo palabras, sino que se sustenta con hechos.

En 1993, el salario mínimo nacional llegaba a 160 bolivianos, que significaban unos 23 dólares. 30 años más tarde, una generación entera, ese mismo salario llegó a 2.250 bolivianos, que alcanzan a 323 dólares. Ha corrido mucha agua bajo el puente, diría la frase popular, a lo largo de estos tres decenios en los que arrancarles un boliviano a las autoridades era un trabajo titánico. Ahora las negociaciones son más distendidas y menos crispadas.

Los opinadores o algunas ONG se dedicaron este último tiempo a destacarse por sus dotes de futurología e intentaron vaticinar una catástrofe económica para el país, haciendo énfasis en las dificultades económicas del Estado; pero se olvidaron mencionar las facilidades que tiene este para conseguir préstamos internacionales.

Hasta el momento hay una decena de denuncias y procesos contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en la justicia ordinaria; una decena que comprende en total 22 delitos, desde los cometidos en el ejercicio de funciones públicas hasta aquellos que habría perpetrado hace muchos años y que fueron revividos por las propias víctimas.

Durante el último periodo se pudo evidenciar un paupérrimo afán de rearticulación del Comité Cívico pro Santa Cruz, que de alguna manera se concretizó ayer, con la reunión y las resoluciones asumidas por lo que denominan el “Comité Intersectorial”, que asumió como medida de presión un bloqueo de carreteras, fronteras, calles y avenidas en todo el país, por 24 horas, en contra del proyecto de Ley 280, que de hecho ya se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa hasta que se concluya su socialización.