Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro, llegaron para operar en el país desde 1997, en el marco de la Ley 1732, promulgada en 1996 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Dicha norma fue muy criticada porque respondía a un proceso de privatización de los sistemas de pensiones, pues otorgaba bajos niveles de rentabilidad para los aportantes.
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