La representante del sector, Gloria Quisbert, lamentó que, pese a que Jeanine Añez dejó a madres sin sus hijos, ahora pretenda salir en libertad.
La presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, afirmó que en seis años no hubo una reparación integral por parte de la justicia sobre los hechos luctuosos ocurridos en la represión militar y policial en 2019, en El Alto, solo se concretó una ayuda social humanitaria por parte del Estado.
“Nuevamente las víctimas han vuelto a las lágrimas. Hemos vuelto a vivir el dolor de perder a nuestros seres queridos (...) Somos decenas que no tenemos justicia”, dijo Quisbert en RTP.
Decreto y masacre
El 14 de noviembre de 2019, el régimen de Jeanine Añez puso en vigencia el Decreto Supremo 4078, conocido también como el “Decreto de la Muerte”. La norma sirvió como aval para que las Fuerzas Armadas (FFAA) repriman al pueblo que reclamaba respeto a la democracia.
Al día siguiente, algunos vecinos de la zona de Senkata, en El Alto, que protestaban por lo que consideraban una sucesión ilegal de Añez a la presidencia, fueron fuertemente reprimidos con balas y gases por parte de militares y policías.
El operativo dejó el saldo de 11 personas muertas, la mayoría jóvenes de entre 21 y 24 años, y una decena de heridos y torturados, hecho considerado como una masacre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2019.
Desde esa fecha hasta hoy, para las víctimas la justicia no llegó de forma integral como se había comprometido el Estado boliviano ante instancias internacionales de derechos humanos.
“En ningún momento llegó una reparación integral hacia las víctimas, a través de la justicia. Lo que recibimos fue un decreto de ayuda humanitaria por parte del Estado para pagar gastos médicos para los heridos”, enfatizó.
Según la representante, luego de la fuerte represión policial y militar, las familias tuvieron que vender sus garrafas y otras pertenencias para pagar el costo de atención de los heridos de bala.
“De esta ayuda tiene conocimiento la CIDH, pero lo que demandamos todas las víctimas es la reparación de la justicia”, insistió Quisbert.
Impunidad
Recientemente, Marco Antonio Pumari y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho fueron favorecidos con medidas sustitutivas a su detención, por lo que la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata duda de que se encuentre justicia en el país.
“La justicia en Bolivia siempre será injusta y puede ser fácilmente comprada”, subrayó Quisbert.
Reclamó que Añez, quien se siente víctima de persecución política, dejó a “madres sin sus hijos”.
“Hay madres que perdieron a sus hijos. Añez intenta salir en libertad, pero destrozó vidas de jóvenes, dejó a madres sin sus hijos”, recordó.
AEP
