El otrora hombre fuerte del régimen de facto, Arturo Murillo, ya está en el país donde debe responder por varios delitos como legitimación de ganancias ilícitas, corrupción en la compra irregular de gases lacrimógenos y, sobre todo, por las masacres de Sacaba y Senkata, cuyos familiares luchan incansablemente por memoria, verdad y justicia.
La justicia no puede dejar en la impunidad los crímenes de El Alto y Sacaba, los centenares de heridos y los hechos de violencia en diversos lugares del país. El abogado de las víctimas de Senkata, Thomas Becker, recordó que Murillo desempeñó un rol central en el gobierno de facto y fue uno de los principales responsables de la represión durante la crisis poselectoral de 2019.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que es un grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres y que se produjeron gravísimas violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias, torturas, masacres y racismo.
El régimen de facto de Jeanine Añez se regodeó con la corrupción sin mesura ni clemencia y uno de sus operadores y más cercanos colaboradores fue Arturo Murillo. La primera condena contra Murillo fue dictada en octubre de 2024, cuando la justicia lo sentenció a ocho años de prisión por la compra irregular de gases lacrimógenos. El caso reveló un sobreprecio de $us 2,3 millones, lo que derivó en un proceso por corrupción y daño económico al Estado.
A la semana de irrumpir en el poder Añez, Murillo, en coordinación con el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.
Por el lote de elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron con sobreprecio. Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal, por lo que Murillo fue detenido y, posteriormente, sentenciado a 70 meses de cárcel en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.
En el caso del préstamo de armamento no letal de Ecuador, los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio junto con la exministra Roxana Lizárraga Vera fueron sentenciados a 5 años y 4 meses de prisión por haber internado de manera irregular gases lacrimógenos desde Ecuador para reprimir las protestas. En noviembre, los tres tomaron contacto con la Policía de la República de Ecuador y se acordó la entrega de armamento no letal a Bolivia.
El 15 de noviembre, en Sacaba una movilización de campesinos que se dirigía hacia la ciudad de Cochabamba fue reprimida por fuerzas policiales y militares, con un saldo de al menos 11 personas muertas y el 19 de noviembre, en Senkata, otra intervención armada contra manifestantes que protestaban cerca de la planta de YPFB derivó en la muerte de 11 personas.
Arturo Murillo estaba a cargo de las fuerzas de represión y su procesamiento y sanción es fundamental para garantizar justicia, para que los actos de los poderosos no queden en la impunidad y nunca más el odio político ponga en jaque la democracia.
