El Juzgado Cuarto de Sentencia Penal de Cochabamba condenó el martes a los jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons a un año de prisión por haber encubierto los abusos sexuales cometidos hace ya varias décadas por el sacerdote español Alfonso Pedrajas.
La relevancia de este caso, muy sonado a nivel hispanoamericano, obliga a recordar que fue el Gobierno nacional —encabezado por el presidente Luis Arce— el que denunció formalmente el caso en esferas internacionales y logró el involucramiento del propio papa Francisco. Aunque por ser ancianos de más de 80 años, y por ser una condena menor a tres años, Alaix y Recolons no cumplirán pena carcelaria, se trata de un precedente de alto valor simbólico en la lucha contra la pederastia en la Iglesia Católica y la impunidad de sacerdotes y clérigos.
Para poner en contexto: el 29 de abril de 2023, el diario español El País publicó la nota titulada “Diario de un cura pederasta: ‘Hice daño a demasiados’”, que reconstruye la historia de Pedrajas, apodado 'Padre Pica', a partir de su propio testimonio y entrevistas con víctimas. La denuncia tuvo gran repercusión global al exponer la mirada del agresor y el encubrimiento por parte de la Iglesia Católica. En su diario secreto, descubierto por su sobrino, Pedrajas admitió: “Hice daño a mucha gente (¿a 85?), a demasiados”. En mayo de ese año, el Ejecutivo remitió a la ALP el proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes y Adolescentes; además, el presidente Luis Arce le envió una misiva al papa Francisco en la que le informó las acciones de su gobierno ante el caso y le pidió su intervención para evitar la impunidad. Francisco respondió al mandatario señalando su “dolor y sentimientos de vergüenza y consternación” y comprometiendo su “promesa de la total disponibilidad de la Iglesia para trabajar junto al gobierno de su país”.
Todo lo destapado en torno al caso Pedrajas, y los hechos relacionados revelados posteriormente, deben desembocar en dos situaciones determinantes: un precedente jurídico que dé lugar a reformas para establecer mecanismos de prevención y sanción. Pero, además, debe marcar la ruta de autoridades en diversas instancias para priorizar el tema dada su extrema delicadeza: del Órgano Ejecutivo para generar escenarios políticos y legales, del Legislativo para encaminar reformas y marcos normativos, y del Judicial, para cumplir con su obligación sin demora ni arbitrariedades.
Un aspecto fundamental en las investigaciones en torno a ilegalidades y crímenes cometidos en el seno de la Iglesia Católica es que estos sean tratados en estricto apego a las leyes y priorizando por sobre todo la situación y necesidad de justicia de las víctimas. No puede ser que, como ocurrió durante muchos años, la Iglesia goce de prerrogativas para hacer investigaciones y procesamientos internos y secretos. Nadie puede ser juez y parte.
