A partir de sentencias constitucionales y una Resolución Ministerial, el Poder Judicial declaró prohibida cualquier actividad minera sobre la cota 4.400, y delegó a la Comibol y al Ministerio de Minería hacer cumplir la normativa.
La estatal petrolera rechazó “cualquier declaración irresponsable” proveniente de empresas privadas que generen especulación.